Test oposiciones 001. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pública

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Test 001 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (10 preguntas) PDF

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01. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 40/2015:

1. Quienes suscriban los convenios deben comprometerse a financiar los compromisos financieros asumidos durante la vigencia del convenio.

2. Quienes suscriban los convenios deben tener capacidad para financiar los compromisos financieros asumidos durante la vigencia del convenio.

3. Los convenios no pueden incluir compromisos financieros.

4. Quienes suscriban los convenios deben tener capacidad para financiar los compromisos financieros asumidos al finalizar el convenio.

02. De conformidad con la Ley 40/2015, en relación con el deber de colaboración, las Administraciones Públicas:

1. Podrán negarse a prestar la asistencia y colaboración requerida mientras así lo comunique a la Administración solicitante, sin que sea necesaria su motivación.

2. Deberán respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

3. La asistencia y colaboración requerida no podrá negarse aún cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla.

4. Repercutirán, en todo caso, los costes que pueda generar el deber de colaboración a la Administración solicitante.

03. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir, de acuerdo con el artículo 151 de la Ley 40/2015, la forma de:

1. Orden.

2. Resolución.

3. Acuerdo.

4. Dictamen.

04. En relación a la responsabilidad patrimonial del Estado establecida en la Ley 40/2015 una de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, aunque la lesión no sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

2. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria.

3. No serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

4. La indemnización procedente deberá abonarse en un pago único o podrá sustituirse por una compensación en especie, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

05. La Ley 40/2015 establece en su artículo 26 que las disposiciones sancionadoras producirán efectos retroactivos:

1. Solamente para aquellas infracciones administrativas clasificadas por la Ley como leves o graves.

2. Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor, siempre y cuando sea solicitado expresamente por el mismo y resuelto favorable por la Administración.

3. Cuando tenga efectos favorables para la Administración.

4. Cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor.

06. Según la Ley 40/2015, respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión:

1. la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento.

2. la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento

3. la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento

4. la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento

07. Conforme a la Ley 40/2015, contra las resoluciones que se adopten en materia de recusación:

1. No cabe recurso alguno, sin perjuicio de poder alegar la recusación al interponer el recurso contra el acto en el que intervenga el recusado.

2. Cabe interponer recurso contencioso-administrativo.

3. Cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el que intervenga el recusado

4. Cabe interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del recusado.

08. En el ámbito de la Administración del Estado y según se indica en el artículo 13 de la Ley 40/2015, el titular de un órgano administrativo podrá ser suplido temporalmente en caso de ausencia por quien designe:

1. El órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.

2. En todos los casos, el máximo responsable del organismo de que se trate.

3. El órgano competente para el nombramiento del titular.

4. El propio titular del órgano.

09. De acuerdo a la regulación establecida en el artículo 38 de la Ley 40/2015 sobre las sedes electrónicas, indique la respuesta correcta:

1. El acto o resolución de creación de una sede electrónica será publicado en el boletín oficial que corresponda, pero no será obligatoria esta publicación en el caso de creación de sedes electrónicas asociadas.

2. La sede electrónica se define como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública que permite el acceso a través de internet a la información publicada sobre la misma.

3. La sede electrónica se configura como el punto de acceso general electrónico de una Administración Pública que facilita el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la misma.

4. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

10. La Ley 40/2015 regula en su artículo 157 la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración. Señale qué afirmación es la correcta.

1. Las Administraciones cedentes y cesionarias no podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas de acuerdo con el principio de solidaridad territorial.

2. La Ley impone la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de cualquiera de las administraciones, quedando prohibidas nuevas contrataciones sin excepción alguna.

3. La Administración General del Estado, como titular de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones informáticas de todas las administraciones, decidirá qué aplicaciones se deben utilizar en cada caso.

4. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares.