Test 006 Ley, 39/2015 de 22 de marzo, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (10 preguntas) PDF
01.
Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto según el
artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Serán
nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango
inferior.
Serán
nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones
administrativas de rango inferior.
Serán
nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución y las que regulen materias reservadas a la
Ley.
Serán
nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución y las que establezcan la irretroactividad
de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales.
02.
Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se
entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:
Diez
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
Quince
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
Quince
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido, salvo que se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.
Veinte
días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
03.
Según el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los
procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada
deberán ser resueltos en:
Veinte
días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado
el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
Veinte
días, a contar desde el día en que se notifique al interesado el
acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
Treinta
días, a contar desde el día en que se notifique al interesado el
acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
Treinta
días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado
el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
04.
Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
señale, de entre los siguientes, los actos que serán motivados, con
sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
Los
que limiten derechos subjetivos o intereses ilegítimos.
Los
que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones
o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos
de arbitraje y los que declaren su admisión.
Los
que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del
dictamen de órganos consultivos.
Los
actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
05.
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación
jurídica transmisible,
El
derecho - habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el
estado del procedimiento.
El
derecho – habiente sucederá en tal condición siempre y cuando se
comunique con anterioridad al trámite de audiencia.
El
derecho – habiente sucederá en tal condición siempre y cuando se
comunique por cualquier medio que permita dejar constancia antes de
la apertura del período de práctica de pruebas.
El
derecho – habiente sucederá en tal condición salvo en los
procedimientos de índole sancionadora.
06.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando el procedimiento se hubiera
iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su
inicio sin dictarse resolución producirá:
La
desestimación por silencio administrativo.
La
caducidad del mismo.
La
renuncia del mismo.
La
estimación por silencio administrativo.
07.
Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones
Públicas:
Dictados
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
reglamentariamente establecido o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
Que
sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como
consecuencia de ésta.
Presuntos
contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
derechos cuando se disponga de los requisitos esenciales para su
adquisición.
Dictados
por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio.
08.
Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
señale cuál de los siguientes derechos no corresponde a los
interesados en un procedimiento administrativo:
A
conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
A
actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en
defensa de sus intereses.
A
cumplir las obligaciones de pago a través de los medios
electrónicos previstos en el artículo 98.2 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.
A
identificar a todas las autoridades y al personal al servicio de las
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los
procedimientos.
09.
¿Qué plazo establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común
para interposición del recurso de alzada?
Un
mes, si el acto fuera expreso.
Tres
meses, si el acto fuera expreso.
15
días, si el acto fuera expreso.
10
días, si el acto fuera expreso.
10.
En aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas tendrán
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
Los
menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e
intereses sin que resulte necesaria en ningún caso la asistencia de
la persona que ejerza la patria potestad o tutela.
Los
menores de edad salvo el supuesto de los menores incapacitados,
cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y
defensa de los derechos o intereses de que se trate.
Los
menores de edad nunca tienen capacidad de obrar ante las
Administraciones Públicas.
Los
menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus
derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el
ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la
patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los
menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación
afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se
trate.
