Test oposiciones. Constitución Españñola 046

Test oposiciones 016. Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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Test n.º 016, para oposiciones. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ► PDF

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01. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de:

1. Cinco días.

2. Quince días.

3. Diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

4. Quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

02. Señale la incorrecta. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se aplica:

1. A la Administración General de Estado

2. Al sector público instrumental

3. A las entidades que integran la administración local

4. A las administraciones de las comunidades autónomas

03. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

1. Las personas físicas.

2. Las personas jurídicas.

3. Las personas físicas y jurídicas.

4. Ninguna de las anteriores es correcta.

04. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

1. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de todos sus derechos e intereses.

2. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

3. En general, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

4. Únicamente las personas jurídicas

05. En virtud del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

1. En las oficinas de asistencia en materia de registros.

2. En cualquier otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes.

3. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

4. Todas las respuestas anteriores son correctas.

06. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento y existieran discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitara:

1. En la lengua elegida por el interesado que se hubiera dirigido a la administración competente en primer termino

2. En la lengua elegida por la mayoría de los mismos

3. En castellano

4. En la lengua que determine el órgano competente

07. El plazo establecido en el trámite de audiencia para que los interesados en el procedimiento aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes será:

1. Un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.

2. Un plazo de quince días.

3. Un plazo de diez días.

4. Un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta.

08. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

1. Únicamente en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.

2. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

3. En las representaciones diplomáticas de España en el extranjero pero no en oficinas consulares.

4. En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.

09. En caso de que el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o publicación pudiera lesionar derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar una somera indicación del contenido y lugar donde podrán comparecer los interesados:

1. En el Boletín Oficial del Estado.

2. En el Boletín de la Comunidad Autónoma o Provincia correspondiente.

3. En el Diario oficial que corresponda.

4. En el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

10 Señale la incorrecta. La Administración está obligada a dictar resolución expresa, que en los siguientes casos consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables:

1. Prescripción.

2. Renuncia a la solicitud.

3. Caducidad del procedimiento.

4. Desistimiento de la solicitud.

Test oposiciones. Constitución Española 045

Test oposiciones. Constitución Española 044

Test oposiciones. Constitución Española 043

Test oposiciones. Constitución Española 042

Test 009 oposiciones. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

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Test 009 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
(10 preguntas) ► PDF

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01. Según dispone el artículo 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en relación a la responsabilidad por el funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional señale la opción correcta:

1. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado

2. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Consejo de Ministros, con audiencia del Consejo de Estado

3. El Ministro de Justicia fijará el importe de las indemnizaciones

4. Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas

02. Según dispone el artículo 34.1 párrafo 2° de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en el caso de la responsabilidad patrimonial derivada de la aplicación de una norma con rango de Ley declarada inconstitucional o de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea serán indemnizables los daños producidos en el plazo de:

1. 2 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa

2. 3 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa

3. 4 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa

4. 5 años anteriores a la fecha de publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa

03. De conformidad con el artículo 74 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma existirá un Subdelegado del Gobierno con nivel de:

1. Director General

2. Subdirector General

3. Subsecretario de Estado

4. Secretario de Estado

04. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al:

1. Consejo de Ministros

2. Senado

3. Ministerio de la Presidencia y las Administraciones Territoriales

4. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

05. De conformidad con el artículo 72, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, serán nombrados y separados por:

1. Acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno

2. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente de la Comunidad Autónoma correspondiente

3. Real Decreto del Consejo de Ministros-a propuesta de las Cortes Generales

4. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno

06. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración podrá exigir la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal a su servicio

1. Cuando concurra dolo o culpa o negligencia graves

2. Sólo en caso de dolo

3. Cuando concurra culpa o negligencia leves

4. Ninguna de las tres respuestas es válida

07. Según el artículo 25.2 de la Ley 40/2015, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde:

1. A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, siempre por disposición de rango legal.

2. A todo órgano administrativo.

3. A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

4. A los organismos administrativos expresamente creados al efecto con funciones exclusivamente sancionadoras.

08. De acuerdo con el artículo 27.2 de la Ley 40/2015, podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley:

1. Por cualquier órgano administrativo que cuente con la potestad sancionadora.

2. Por cualquier órgano administrativo.

3. Únicamente por la comisión de infracciones administrativa.

4. Por el órgano administrativo que a tales efectos crea cada Comunidad Autónoma.

09. Según el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, si las leyes que establezcan infracciones y sanciones no fijan plazos de prescripción, las sanciones por faltas leves prescribirán:

1. A los tres meses.

2. A los seis meses.

3. Al año.

4. A los dos años.

10. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá según la Ley 40/2015:

1. Por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

3. Por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4. Por la Ley Orgánica 7/2005, de 23 de septiembre, de Responsabilidad Patrimonial de la Administración de Justicia.